IVAN CEPEDA Y JORGE ROJAS
En las últimas dos décadas, Córdoba, como otras regiones del país, ha padecido formas extremas de violencia. En el contexto del conflicto armado, las masacres, los secuestros, la desaparición forzada, han acabado o dañado la vida de miles de personas. Los grupos guerrilleros han tenido parte significativa de responsabilidad en esos hechos. Sus prácticas criminales han estimulado sin duda la espiral de la violencia armada. Pero también, al lado de las vicisitudes de la guerra, en el departamento se fundó y consolidó un modelo social acuñado por los grupos paramilitares y por ciertos sectores del gremio ganadero que les dieron vida. La usurpación de tierras a gran escala, y su correlato, el desplazamiento forzado, arruinaron a pequeños y medianos propietarios, y permitieron monopolizar, aún más, la propiedad sobre la tierra. El proselitismo armado y la cooptación del Estado local convirtieron a las instituciones en instancias privatizadas de ejercicio del poder.
No toda la sociedad respaldó el proyecto que impusieron los paramilitares en Córdoba y en otras regiones del país. Muchos se opusieron a ese modelo y, por ello, fueron perseguidos, eliminados o desterrados. Otros optaron, consciente o inconscientemente, por resignarse y guardar silencio. No todos los ganaderos compartían la visión de que acudir a las autodefensas era la solución a la violencia guerrillera, ni la forma de apropiarse de nuevas tierras .
Esos honrosos ejemplos se dieron en el contexto de una realidad sociopolítica innegable. El poder que alcanzó el modelo paramilitar de control de la sociedad y de sus instituciones, fue omnipresente y forzó el consenso colectivo. Bajo la forma del consentimiento, se produjo el acatamiento. En una sociedad controlada, cada individuo debe hacer demostración pública de su apoyo al estado de cosas predominante. Se crea una conformidad con la actitud de las masas. La presión proviene del miedo a ser rechazado por el grupo, e incluso, a ser excluido de la sociedad. La imposición progresiva del silencio se convierte en el mecanismo de sometimiento a una opinión dominante. Esa actitud lleva a la aceptación progresiva del descenso del umbral de las exigencias éticas y al consentimiento general de los crímenes y los delitos, como faltas menores o como males necesarios.
En esa situación de silencio forzado o de debilitamiento general de los patrones éticos, la resistencia que han ejercido y ejercen los movimientos sociales y determinados sectores de opinión, en medio de inmensas presiones, mantiene abierta la posibilidad de conquista de la democracia. Esa resistencia es la demostración indiscutible de que Córdoba y su gente no han claudicado ante la imposición de un modelo mafioso.
Pero antes de esa responsabilidad de los ciudadanos, existe en primer lugar aquella que está acorde con el grado de poder que se ha tenido en la sociedad. Si se pertenecía a los círculos pudientes y poderosos de la región, nada de lo que estaba trasformando a la sociedad cordobesa podía pasar desapercibido. Era prácticamente imposible ser uno de los más importantes ganaderos de la región y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y el departamento. Era imposible no reconocer que en la ciudad vivían los jefes de los paramilitares y sus familias, y que controlaban buena parte de la actividad económica. Era imposible ignorar que a corta distancia de Montería se hallaban los cuarteles, los centros de entrenamiento y exterminio de las AUC, y no identificar a quién pertenecían muchas de las haciendas en donde estaban ubicadas esas bases de operación. Era imposible desconocer qué pasaba en la hacienda Las Tangas a mediados de la década de 1980 y quiénes eran los hermanos Castaño Gil. Era imposible desconocer la realidad de los desplazados que venían a Montería huyendo desde municipios que estaban a un centenar de kilómetros, era imposible no conocer la historia de las viudas y sus esposos desaparecidos. Era imposible no saber quiénes eran los miembros de la familia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y no darse cuenta de las posiciones que ocupaban en las instituciones locales. Era imposible ignorar lo que acontecía en la relación entre los políticos y los jefes de las AUC, en especial cuando los primeros eran miembros de los movimientos y partidos de los que se era dirigente. Era imposible no saber lo que estaba aconteciendo en el plano político y en la vida social, cuando el diario local difundía cotidianamente su crónica. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de los crímenes, de las alianzas, de los escándalos, de la corrupción que emergía bajo la doctrina de la autodefensa, de la omnipresente influencia que los paramilitares alcanzaron en Córdoba.
Todos los personajes principales que aparecen en este texto han sido denunciados e investigados por estar presuntamente ligados a los grupos paramilitares, bien sea como sus miembros, ideólogos, auspiciadores, financiadores, testaferros o promotores sociales. Algunos pocos han sido condenados por la justicia. En su gran mayoría han estado ligados al dueño de El Ubérrimo, Álvaro Uribe Vélez, a la historia de su hacienda, a su labor como ganadero, y a su carrera política. Han sostenido con él relaciones personales, de amistad y compadrazgo, han apoyado abiertamente sus aspiraciones presidenciales, y se han beneficiado, de diverso modo, de esa amistad y relación política.
A las puertas de El Ubérrimo, a escasos kilómetros de esa hacienda, en su entorno político y social, nació y alcanzó su ascenso en los últimos veinticinco años el proyecto paramilitar. Su dueño aspira a seguir gobernando Colombia.
